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Propuesta Fishman

PROYECTO DE LEY

LEY REGULATORIA DE LOS SECRETOS DE ESTADO

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El artículo 30 de la Carta Política establece el derecho de acceso a la información de interés público. Dispone en ese sentido la norma: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”.

Hecha la observación anterior, resulta pertinente el estudio de los antecedentes constitucionales y doctrinarios de la norma a efecto de comprender correctamente los alcances del concepto “secreto de Estado”

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES:

Del estudio de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente encontramos, en la materia que nos ocupa, las siguientes citas de interés:

En el Acta correspondiente a la sesión centésima octava, celebrada a las quince horas del trece de julio de mil novecientos cuarenta y nueve:

“…El Diputado Vargas Fernández expresó que en la moción retirada había un concepto que, a su juicio, debería mantenerse: el que garantiza el libre acceso a las fuentes oficiales de información. Agregó que algunos gobiernos inescrupulosos habían cerrado a determinados periódicos el libre acceso a esas fuentes. Eso no debe repetirse en el futuro. Tales fuentes oficiales de información deben estar abiertas para todos los ciudadanos, por otra parte, la prensa cumple mejor su misión si tiene esa garantía.

El Diputado Gómez calificó la idea anterior de muy saludable, no sólo para prensa sino para todos los ciudadanos, que de este modo tendrán libre acceso a las fuentes oficiales de información.

El señor Baudrit González manifestó que aun cuando estaba de acuerdo con el agregado propuesto, existían ciertos documentos como los del Ministerio de Relaciones Exteriores -que no pueden ponerse al alcance de todos cuantos lo soliciten. De ahí que estima prudente que se haga la salvedad en lo que se refiere a los secretos de Estado. El Diputado Vargas Fernández accedió a modificar su moción en el sentido indicado. Puesta a votación la moción de éste para incluir un nuevo artículo que diga: “Queda garantizado el libre acceso a las fuentes oficiales de información; quedan a salvo los secretos de Estado”, fue aprobada”.

Asimismo, en el Acta centésima sexagésima novena, correspondiente a la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas del dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, tenemos lo siguiente:

“…El Diputado Desanti León presentó moción para que el artículo 30 se lea del modo siguiente: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”. El proponente explicó que el artículo 30, tal y como fue aprobado en otra ocasión, no era lo suficientemente claro y explícito. De mantenerse esa redacción, el derecho consagrado bien podría resultar platónico, inoperante en la realidad.

Sometida a votación la moción del señor Desanti, fue aprobada. En consecuencia el artículo 30 se leerá en la forma indicada”.

Posteriormente, en la sesión celebrada a las quince horas del primero de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (Acta centésima septuagésima novena), se aprobó en definitiva el texto constitucional, quedando así:

“Artículo 30.-

Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”.

Para finalizar este aparte de nuestro estudio, es del caso hacer notar que esta redacción no ha variado, y que el texto constitucional vigente la mantiene hasta la fecha.

ASPECTOS DOCTRINARIOS:

El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas nos ofrece la siguiente definición:

Secreto de Estado: El que un funcionario público no puede revelar sin incurrir en delito; y lo es tanto si así se le ha ordenado, aun cuando no descubra la razón que lo motiva, como es el caso de resultar evidente, sin expresa recomendación, que perjudica o compromete a la función del país. Asunto político, o diplomático de gravedad y que no se ha divulgado aún”. (Cabanellas, G., “Diccionario de Derecho Usual”. (Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1974, Tomo IV, 8°edición, pag. 20).

De otra parte, el tratadista Sebastián Soler, al cometer los delitos contra la paz de la nación, señala:

“…La legislación acerca de la revelación de secretos y de espionaje puede decirse que inicia su curso histórico con el Código Francés para proliferar en proporción desmedida de acuerdo con los métodos cada día más complicados de guerra, en el último cuarto de siglo pasado y en el primero del presente…

…No basta cualquier calidad de secreto. La Ley la limita a secretos políticos o militares, y aun dentro de éstos, exige que sean concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores.

…La aplicación normal de esta figura presupone la comisión del hecho en tiempo de paz. En tiempo de guerra será necesario considerar la posible aplicación de figuras mayores de traición”. (Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, Tipográfica. Editora Argentina, Buenos Aires, 1976, Tomo V, pags. 45, 49).

SOBRE LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE:

La Ley General de la Administración Pública, al referirse al acceso al expediente administrativo y sus piezas, expresamente establece el principio general de que “las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma con las salvedades que indica el artículo siguiente” (Artículo 272)

Ahora bien, entre los casos de excepción, señala el numeral 273, textualmente y en lo aquí interesa:

“1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos del Estado…”.

Por su parte, nuestro Código Penal en el Titulo XI (Delitos contra la Seguridad de la Nación, Sección II de Delitos que Comprometen la Paz y la Dignidad de la Nación), dispone en su artículo 295:

Espionaje.

Artículo 295.- Espionaje

Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.

La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, “Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal”)

De conformidad con lo expuesto se extrae que “el secreto de Estado” tiene una relación directa con aspectos relacionados a cuestiones de política estatal, en especialmente a los temas de defensa y seguridad de la Nación y a las relaciones exteriores del país.

En igual sentido, al establecer los deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente de la República y al respectivo Ministro (que conforman el Poder Ejecutivo a tenor de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 146 in fine), dispone nuestra Ley Fundamental en lo que interesa como propio de este Poder del Estado:

- “Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública” (artículo 140 inciso 1).

- “Mantener el orden y la seguridad de la Nación, y tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas” (artículo 140, inciso 6).

- “Dirigir las relaciones internacionales de la República” (artículo 140, inciso 12).

- “Disponer de la fuerza pública para preservar el orden y la seguridad del país” (artículo 140, inciso 16).

En este orden de ideas, el secreto de Estado deberá ser declarado de manera previa y por escrito, por parte del Presidente (a) de la República y el Ministro(a) del ramo; quienes deberán decidir sobre el secreto, a través de una prudente valoración del caso y de aquellas consecuencias. Sin embargo nada de ello impide que la decisión pueda revisarse en la vía de la jurisdicción constitucional al tenor de los artículos 30 y 48 párrafo tercero de la Constitución Política.

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República, en su Dictamen Nº C-249-80 del 30 de noviembre de 1980, reafirma lo antes señalado al indicar:

“De conformidad con lo expuesto se colige que “el secreto de Estado” tiene relación directa con aspectos referidos a cuestiones de política estatal, en punto especialmente a la defensa y seguridad de la Nación y a las relaciones exteriores de la República.

En nuestro ordenamiento jurídico, precisamente encontramos que dichas materias (defensa, seguridad, y relaciones exteriores de la Nación) caen dentro del ámbito de atribuciones que constitucionalmente competen al Poder Ejecutivo.

Así, el artículo 139 inciso 3) de la Carta Magna señala como deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República, el “ejercer el mando supremo de la fuerza pública”.

…De este modo, concluye este Despacho que el alcance del “Secreto de Estado” estaría comprendido en el campo de la seguridad y defensa de la Nación, y en materia de relaciones exteriores de la República, aspectos los cuales por expreso mandato constitucional competen a uno de los Poderes del Estado (principio de división de Poderes que informa el artículo 9º de la Ley Suprema): el Poder Ejecutivo.”

El anterior Dictamen ha sido complementado por otros pronunciamientos emitidos por la misma Procuraduría General de la República mediante dictámenes número: C- 239 del 21 de noviembre de 1995 y C-172 del 16 de octubre de 1990.

Cabe entonces señalar que el alcance del “Secreto de Estado” estaría comprendido en el campo de la seguridad y defensa de la Nación, y en materia de relaciones exteriores de la República, aspectos los cuales por expreso mandato constitucional competen a uno de los Poderes del Estado (principio de división de Poderes que informa el artículo 9º de la Constitución Política): El Poder Ejecutivo.

Con la definición de secreto de Estado, su ámbito de aplicación y el procedimiento para declararlo e impugnarlo en los casos en caso en que proceda, esperamos corregir los aspectos que han llevado a una errónea interpretación de dicha figura recientemente reformada por el artículo 1° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, “Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal”)

En razón de los argumentos anteriormente expuestos, me permito presentar a la consideración de los señores diputados y señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY REGULATORIA DE LOS SECRETOS DE ESTADO

ARTÍCULO 1.- El Poder Ejecutivo podrá declarar secreto de Estado, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 30 de la Constitución Política, informaciones o documentos cuya revelación pueda perjudicar de forma sensible la seguridad interna o externa de la Nación, la defensa de la soberanía nacional y las relaciones internacionales de Costa Rica.

La publicación del decreto respectivo podrá omitir aquellos aspectos cuya revelación sea considerada contraproducente por el Poder Ejecutivo para los fines señalados en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 2.- Adiciónese un artículo 32 bis a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Nº 7135 de 11 de octubre de 1989, cuyo texto será el siguiente:

Artículo 32 bis.- Cuando el amparo se interponga en virtud de haber sido denegada información declarada secreto de Estado, el recurrente podrá solicitar que la Sala verifique si la misma puede ser objeto de dicha declaración, procediéndose en su caso de conformidad con el artículo 48 de la presente ley, a fin de que el recurrente formalice la acción de inconstitucionalidad contra el decreto respectivo.

La documentación será remitida de forma confidencial únicamente a los Magistrados que deban resolver. Tanto las resoluciones como los expedientes donde se tramiten estos asuntos deberán omitir cualquier referencia a la información que se considere válidamente declarada secreto de Estado.

La violación de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerada Revelación de Secretos, según lo dispuesto en el artículo 293 del Código Penal, Ley Nº 4573 de 4 de mayo de 1970 y sus reformas.

En caso de que se considere que la información no puede ser objeto de una declaratoria de secreto de Estado, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 30 de la Constitución Política, la Sala ordenará en sentencia ponerla a disposición del recurrente y de cualquier otro interesado que la solicite en lo sucesivo.

ARTÍCULO 3.- Refórmese el artículo 295 del Código Penal, Ley Nº 4573 de 4 de mayo de 1970 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Espionaje


Artículo 295.-
Será reprimido con prisión de dos a cinco años al que procure u obtenga indebidamente informaciones declaradas secreto de Estado, cuya revelación pueda poner sensiblemente en peligro la seguridad interna o externa de la Nación, la defensa de la soberanía nacional, o pueda perjudicar las relaciones internacionales de Costa Rica.

La pena será de tres a siete años de prisión cuando la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Rige a partir de su publicación.

LUIS FISHMAN Z.

DIPUTADO

Proyecto reforma art 295 CP versión final_FISHMAN (PDF)



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