La primera razón para apoyar el secreto de Estado tiene que ver con la Seguridad Nacional, así con mayúsculas. De no haber sido por el diseño y trazado secretos de la Autobahn 1856 – Juan Rafael Mora, los nicas nos hubieran invadido desde hace varios meses. Fue la perplejidad sentida al norte del Río San Juan, provocada por la secreta e intrépida acción de nuestro gobierno, lo que evitó que el conflicto pasara a mayores.

La segunda razón también tiene que ver con la Seguridad Nacional. Imaginen nada más el descalabro que podría causar un periodista acucioso o malintencionado si llegara a publicar los movimientos secretos de nuestras fuerzas armadas cuando se apresten a invadir Nicaragua – o Panamá, si se nos ponen cabritos. Este ejemplo resalta la necesidad de aplicar penas de cárcel a los periodistas o blogueros que juegan de vivos con la información.

Una tercera razón para necesitar una ley mordaza en nuestro país tiene que ver con la salud pública. Es imperativo prevenir la desilusión y desazón de miles de personas si se llegan a enterar de que Oldemarsh de Tierra Blanca – el verdadero – no tiene un perfil en Facebook, y que el que usted y yo visitamos todos los días es manejado en realidad por un impostor que suplanta la identidad del verdadero Olde. ¡La de wilas que se suicidarían!

Las últimas dos razones tienen que ver con la gobernabilidad, una desde la perspectiva de la suplantación de identidad, y la otra desde el ángulo del secreto de Estado.

Ya es hora de impedir que personajes con nombres ficticios como El Tráfico ó el Chamuko se valgan del anonimato para andar denunciando cuanta cochinada se cuece en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en nuestros sindicatos, o en la Policía de Tránsito. Si no son tan machitos para dar la cara, no debería permitírseles obstruir con sus denuncias la altruista labor de nuestros abnegados funcionarios públicos. El carajo que está suplantando al mismitico Diablo (o el que se las tira de Larry Fine, aunque sea bastante menos importante) deberían de irse directo al infierno o a La Reforma por robarse la identidad de esas ilustres personas.

Por último, el secreto de Estado es absolutamente necesario para que la ciudadanía recupere la confianza en la clase política de nuestro país, condición indispensable para retomar la senda de la gobernabilidad y el progreso. Si el gobierno pudiera declarar secretos los pormenores de ciertas licitaciones públicas donde para contratar servicios de limpieza de edificios se invite a participar – qué se yo – a unos cuantos estilistas y manicuristas; si pudiera cubrir bajo el velo del secreto de Estado los datillos incómodos del incumplimiento tributario de los funcionarios de alto rango; si pudiera mantener fuera del alcance del ojo público los detalles de las fallidas reparaciones de puentes y carreteras que se han pagado más caras que si se hubiera construido algo completamente nuevo; si se declararan secretas las cuentas por cobrar de la CCSS; gobernar sería mucho más fácil.

Sería como volver a las épocas en que los dineros públicos se los comían en confites, pero como la ciudadanía no tenía los medios ni las herramientas que hoy nos brinda internet para investigar y denunciar, regía en los círculos del poder el código de los Bomberos: entre colegas no se majan las mangueras. La prensa no denunciaba nada, la oposición tampoco, la Contraloría cohonestaba lo que se le pusiera enfrente. Los demás nos creeríamos la propaganda oficial y las noticias de Canal 13, y estaríamos convencidos de que somos ya el primer país desarrollado de América Latina.

Le invito a leer opiniones más serias y mejor elaboradas acerca de la conveniencia o no del secreto de Estado en la página de Ticoblogger.

Mientras tanto en España:

“Poca gracia le tiene que haber hecho a la entidad organizadora del BBK Live 2012, el banco BBK, que anoche Radiohead en su único ‘speech’ de la noche animara al público a que saliera a las calles para rebelarse contra los que les han robado y sentencio con un claro:
‘Los bancos’, que casi ningún medio ha reproducido, quizás porque… dejó unos puntos suspensivos entre frase y frase.
Valiente Thom.

Mientras en la zona más “Pura Vida” del planeta, mi país Costa Rica:

Regresamos al tema de la nueva ley de delitos informáticos se ha debatido mucho si es una ‘ley mordaza’.

¿Puede usarse como instrumento para callar a alguien?
Sí.

¿Permitiría a los máximos jerarcas de instituciones del estado silenciar algún tipo de delito?
Sí.
Instituciones tan grandes como los bancos estatales deben ser totalmente transparentes con su gente, con sus clientes.

¿Deben de existir los ‘secretos de estado’?
Esto beneficia a más de un delincuente de cuello blanco y no necesariamente de información.
Los secretos de Estado en un país tan lleno de corrupción como el nuestro, sons nefastos. No deberían de existir los secretos de estado en Costa Rica pero si deberían haber Información Policial-Judicial Clasificada

Mi conclusión:

Sí, es una ley mordaza, incompleta y con fallas.
Aunque sea solo para meter miedo en la gente. El miedo es un instrumento que también amordaza.

¿Debe existir una ley de delitos informáticos?
Por supuesto, no podemos vivir en una anarquía.

¿Qué experiencias conocen en sus países?
Necesitamos sus recomendaciones y sus comentarios.
Si hablan español, inglés, italiano, o portugués trataré de contestar a sus consejos o preguntas.

Mundo, Costa Rica necesita tus consejos.

¿Qué opinan?

Artículo 10.- Se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las instituciones a las que se refiere el artículo 2 de esta ley. Cuando se trate de documentos declarados secreto de Estado o de acceso restringido, perderán esa condición después de treinta años de haber sido producidos, y podrán facilitarse para investigaciones de carácter científico-cultural, debidamente comprobadas, siempre que no se irrespeten otros derechos constitucionales.

Treinta años es demasiado tiempo para que un país que no tiene ejército, ni diseña armas, ni nada parecido, guarde información. Es comprensible que algunos asuntos deban declararse secreto de estado (documentos que se llevan a litigio a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo), pero en cuanto termine la razón por la cual debe ser secreto, esta información debe ser completamente pública.

Y hay que tener mucho cuidado con lo que se declare bajo esta figura; imaginen por un momento que toda la información relacionada con la ChoriTrocha hubiera sido declarada secreto de estado invocando una cuestión de seguridad nacional (como se intentó en algún momento)… nos enteraríamos de todo el chorizo hasta el año 2042. En este país la clase política está tan desprestigiada, que declarar un secreto de estado es prácticamente sinónimo de corrupción.

En Costa Rica no existe una ley sobre los secretos de estado, y éstos se encuentran regulados de manera desarticulada, dispersa e imprecisa. Esta omisión ha provocado que sea el Poder Ejecutivo quien declare secreto de estado mediante decreto, cuestiones que tienen que ver con seguridad, defensa nacional o relaciones exteriores. La Sala Constitucional ha reprochado esta situación en varias ocasiones.

Ahora, es necesario diferenciar aquellas informaciones que no son estrictamente declaradas secreto de estado, pero que deben ser confidenciales, por ejemplo, la información policial sensible que pudiera comprometer el combate a la delincuencia, necesita ser protegida para no alertar a los hampones (investigaciones criminales, allanamientos, etc). Ahora que la apertura de telecomunicaciones y seguros es una realidad, alguna información del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS) debe ser protegida bajo la figura del secreto corporativo con el fin de mantener su ventaja competitiva frente a otras empresas.

Me parece que el Estado puede tener secretos en situaciones excepcionales, pero jamás pueden durar 30 años. También es necesario crear una legislación que regule claramente este tema, pero con las asambleas legislativas que hemos tenido en los últimos tiempos, a mi me da terror lo que pueda suceder cuando quieran meterle el diente al tema.

Invitados a leer más opiniones sobre este tema sugerido en Ticoblogger.

¿Debe el Estado Costarricense tener Secretos de Estado?

Para mi la respuesta es sencilla, un simple NO.

Los secretos favorecen la corrupción e impunidad, por lo cual debemos desecharlos del Ordenamiento Jurídico Costarricense.

Al mismo tiempo es importante que contemos con una ley que venga a poner claras las reglas con respecto al acceso a la información de interés público a la que puede tener acceso el ciudadano, y que venga a eliminar de una vez por todas los Secretos de Estado, aunque esto signifique hacer una reforma constitucional.

La bandera que tiene que tener nuestro país es la de la transparencia, y no podemos brindar herramientas para que la impunidad reine en la administración pública.

Muchas personas que han llegado a leer hasta acá, para este momento han de pensar que debo estar loco, ya que existe información que no puede ser de acceso público, porque puede poner en peligro nuestra Seguridad Nacional. Y es que este servidor no pretende que toda la información deba estar inmediatamente disponible para la ciudadanía, pero si debe estar disponible tan pronto deje de poner en riesgo nuestra seguridad nacional.

No es posible que los ciudadanos tengamos acceso a los “Secretos de Estado” treinta años después de haber sido declarados como tales, ya cuando los responsables no estén vivos, cuando ya de nada sirve el escrutinio ciudadano, ya cuando no se puede perseguir penalmente a los responsables.

Se debe crear una ley que estipule y clasifique la información en diferentes tipos, y según la naturaleza de cada una de ellas, así el tiempo de restricción para que los ciudadanos podamos tener acceso a ella. Habrá información que estará disponible en un año, otra en dos, y otra talvez en 7 años, pero siempre debe estar disponible a tiempo para poder hacer sentar responsabilidades en casos de corrupción.

Vivimos en una democracia envidiable, por lo que tenemos que tener instrumentos jurídicos a la altura de la misma, y mantener información “escondida” de la ciudadanía por mucho tiempo no nos favorece como nación.

Por tanto, es comprensible que se pueda limitar el acceso a información de interés público por el mismo beneficio de la colectividad, pero utilizar una figura jurídica como el “Secreto de Estado” no beneficia más que a los gobernantes que pueden gozar de total impunidad por actos que no pueden ser fiscalizados hasta muchos años después , donde servirán únicamente para enriquecer los  libros de historia y a sus autores.

No al Secreto de Estado, No a la impunidad, si al acceso restringido de información sensible estatal por tiempo limitado, si a la justicia.

¿Ustedes qué piensan?

Para ver otras opiniones de otros blogueros con respecto a este tema ver: ¿Debería el Estado Costarricense tener Secretos?

La respuesta según la humilde opinión de este Tráfico es sencillamente NO. No porque es una peligrosa herramienta legal, que permitiría ocultar actos de corrupción o grandes errores cometidos por uno o varios miembros de un gobierno.

Con algunas excepciones, la mayoría de la clase política ha demostrado la rapidez y facilidad, con la que prostituye este tipo de normas que evitan los controles establecidos. Claro ejemplo de lo anterior, es la utilización de contrataciones directas de Instituciones Autónomas (Racsa-Cámaras MOPT) y los famosos decretos de emergencia (La Choritrocha). Entre menos y más allegada sea la gente que maneja cierta información, más se presta para tentar a quienes gozan de estos privilegios.

Costa Rica renunció hace muchos años a su ejército, por lo que mantener prácticas militares o de inteligencia militar, como los Secretos de Estado, justificando estos con el riesgo de la Seguridad Nacional, resulta más que innecesario. Simplemente, no tenemos la capacidad de defendernos de ningún ataque. Si esto sucede, dependemos de la ayuda de algún país amigo para liberarnos de la amenaza.

Contamos con una estructura policial civilista, donde las prácticas militares se han ido extinguiendo con el paso de los años desde la abolición. Supongo que no seré el único policía que no estaría dispuesto a pelear en clara desventaja, contra un país vecino, con un ejército entrenado, con soldados que siguen órdenes a ciegas, simplemente por la incompetencia de la Presidente y su Canciller, en el manejo de un conflicto. El enemigo más peligroso que hemos tenido desde hace dos años, ha sido nuestro propio Gobierno.

Parafraseando a Julio Córdoba, por haber renunciado al ejército, debemos renunciar a cualquier práctica militar y presumir de democracia realmente transparente, sin secretos o negociaciones ocultas.

Por otra parte, hay información delicada, que no puede ser publica hasta cierto punto. Me refiero a la información policial o judicial, propia de investigaciones o pesquisas judiciales activas. Es obvio, que informar públicamente sobre los detalles y el avance de una investigación, sería como prevenir a las organizaciones criminales y delincuentes. Una vez emitida una sentencia, no toda la información debería ser de acceso público, se debe proteger el nombre de los jueces, fiscales, investigadores o cualquier otra persona que pueda en un futuro, ser víctima de persecución o venganza, dependiendo de la gravedad de los delitos y la peligrosidad de los delincuentes. Esta sí debería ser considerada como información clasificada y restringida, accesible únicamente para personas implicadas.

Creo que la Ley de Delitos Informáticos tiene cosas buenas, pero debe ser corregida. Se debe eliminar la protección de secretos políticos y castigar a quienes divulguen datos que puedan entorpecer procesos judiciales.

Claro, esta idea del secreto es tentadora, puesto que el mal pensado tiende a buscar esta excusa para ocultar información indigna. Ante esto, nuestra constitución más bien es ejemplar: en su artículo 30 dice que “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”. Esto es, el secreto de estado es la excepción, fuera de ahí todo debe ser transparente. Es más, tampoco es válido pensar que cualquier cosa puede ser secreto de estado ni que su categorización es implícita. Pueden existir informaciones concernientes a la lucha contra el narcotráfico o negociaciones con otros países que no son secreto de estado. Lo pasan a ser en el momento en que se declara. Si dicha información es hecha pública antes de la declaración, entonces pierde sentido y responsabilidad. Es claro.

Alquien comete delito si, a sabiendas que hay una información declarada secreto de estado, urga para encontrarla y leerla (Espionaje, 288 Código Penal) ¡aunque no lo logre! Y si lo logra y encima la divulga, entonces es peor (286, Código Penal). Pero para que se pueda aplicar esto, la información ya debe estar declarada secreto de estado.

Ahora, dirán que la frase en los artículos 288 y  286 no dice explícitamente Secreto de Estado, sino Secretos Políticos. Pues tienen razón, esos secretos no existen. Pueden entenderse como secretos de estado. La ley debiera ser reescrita con las palabras correctas. Si dicha ley estuviera hablando de otro tipo de información y no sobre secretos de estado, entonces sería inconstitucional por el mismo artículo 30 de la constitución, que sólo hace una excepción a la transparencia. Así de simple es.

Por tanto, los secretos de estado si son necesarios, pero estos no pueden ser cualquier cosa. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si lo que se divulga es, digamos, la correspondencia entre dos ministros, que aunque diga cosas atroces, es una correspondencia privada, entonces nos estamos metiendo en problemas pero con el artículo 196 del código penal.

Cuidado.

Tras de todo, con la recién sancionada Ley de Delitos informáticos se desató un enredo entre los medios de comunicación, al considerar que es un intento de imponer un régimen de silencio, donde nadie pueda denunciar nada sin temor a ser reprimido penalmente. Pareciera que de repente se quiere convertir al país en una caja negra, donde sea imposible obtener información de lo que ocurre adentro.

Lo cual da pie a la discusión temática propuesta por Ticoblogger. Debe el Estado Costarricense tener secretos?

Me parece que la respuesta a la pregunta, evidentemente, es “sí”. Todo Estado tiene necesidad y derecho a impedir acceso a información que pueda generarle daño a él o a sus ciudadanos. Un caso interesante que recuerdo fue el de la compra de armas acontecida en la administración Figueres Olsen (1996). El proceso de compra de armas fue protegido con una declaratoria de secreto emitida por el gobierno, y se alegó que era irracional que el Estado revelara características específicas de las armas que estaba comprando y del proceso de adquisición. Era evidente la necesidad de manejar una condición de secreto: cómo se iba a revelar a todos la nueva composición del arsenal nacional, y peor aún, la información de fechas y puntos de entrega y almacenamiento de las armas?

El decreto finalmente fue derogado. Sin embargo, ha sido claro con los años que no estuvo sin fundamento: efectivamente hay una carrera armamentista, entre delincuentes y policía, por lo cual los temas de armamento tienen que manejarse con suma discresión e incluso con carácter de secreto.

Así como ese, hay muchos otros casos donde el Estado debe manejar condición secreta sobre informaciones. Temas muy particulares de infraestructura (en especial energía y comunicaciones), temas de seguridad, custodia de patrimonios de alto nivel, relaciones con estados rivales, entre otros, son asuntos en donde el Estado debe aplicar una política de secreto para salvaguardar el bienestar de los costarricenses.

Por supuesto la política de secreto debe ser eso: una política. No debe ser nunca un régimen de arbitrariedad, donde se establezca condición secreta sobre información simplemente porque a alguien le dio la gana. Como primer paso, el Estado debe establecer una lista de condiciones sujetas a régimen de secreto, y publicarla. Como segundo paso, debe establecer los mecanismos necesarios para poder cumplir a cabalidad la política de secreto (porque un falso sentimiento de seguridad siempre es peor que ninguna seguridad). Y como tercer paso, deben establecerse los mecanismos para que toda información secreta pueda contestar claramente bajo qué condición se justifica que sea secreta, y si es del caso un tribunal pueda revisar y eliminar esa condición si no se justificara.

No hay mucho que discutir, me parece, en cuanto a si el Estado debe o no tener secretos.

Donde si me parece que cabe un poco más de discusión, es en cuanto a las interpretaciones erróneas que se le da muchas veces a la aplicación de políticas de este tipo en la vida real. Especialmente cuando se involucran los medios de comunicación.

En Costa Rica pareciera que es deber de todo funcionario manejar la información con el debido respeto y proceso, excepto cuando le interesa a un medio de comunicación para poder vender una noticia. Volviendo sobre un tema viejo, vivimos en un sistema donde los medios de comunicación han pasado a creerse los nuevos Tribunales de Justicia, con derecho a acusar, investigar, juzgar y sentenciar a cualquiera. Y en ese proceso de ajusticiamiento público, por supuesto, cabe el recurso de allanamiento de cualquier oficina, documento, o domicilio, por orden de un periodista. Cuando los medios llegan a algún lugar exigiendo información, y no se les da, arman todo un circo interpretando las cosas a su manera, para ver si a punta de acoso y difamación, logran obtener lo que ellos quieren.

Y es ahí donde se generan toda una serie de interpretaciones antojadizas y erróneas acerca de la discresión al manejar temas sensibles en las instituciones públicas, que hay que saber diferenciar de los verdaderos casos de abuso de políticas de secreto y confidencialidad.

El Estado debe trabajar siempre desde la perspectiva de información abierta y transparencia, manejando por excepción secretos e información confidencial. Pero el hecho de que la información sea abierta, no significa que se tire por la borda la discresión en su manejo. Especialmente cuando el solicitante de la información puede tener un interés particular en la misma, que llegue a lesionar la reputación o a comprometer la integridad de alguien. Siempre debe respetarse una debida prioridad de acceso a esa información, evitando que la misma sea divulgada de manera incompleta o inoportuna, dando pie a malas interpretaciones.

Es irracional que un medio de comunicación (=empresa privada) pueda tener prioridad de acceso a informaciones, por encima de la que tendría un organismo auditor del Estado, o incluso un investigador judicial respaldado con la orden de un juez. No es posible que los periodistas exijan acceso indiscriminado a información, pudiendo ese acceso comprometer procesos exigidos por la Ley, y necesarios para que realmente los funcionarios respondan por sus acciones ante el pueblo.

A mucha gente le molesta que un funcionario niegue a los periodistas (eso es lo mejor: se molestan porque la información se la niegan a un tercero y no a ellos) acceso ilimitado a documentos o información ligados a escándalos del momento. Sin embargo, no piensan en la persona que está al otro lado de la ecuación. La que está en el centro de todo, que ni siquiera ha tenido oportunidad de saber de qué se le acusa, y que va a ser expuesta y crucificada ante los ciudadanos, por alguien que ni siquiera tiene derecho de estarse metiendo en el tema. Quién es un periodista para estar exigiendo respuestas a un funcionario, que posteriormente serán utilizadas en su contra de todas las formas imaginables, y para beneficio comercial del periodista mismo? No es un poco raro que se exija a alguien dar respuesta a los medios de comunicación, antes que a sus propios jefes?

Gracias a esos circos mediáticos, la mayoría de la gente ha llegado a confudir discresión con secreto, e inmediatamente cuando alguien dice “no puedo responder eso en este momento”, asumen que se están lesionando sus derechos con tal de ocultar algo. No siempre es así. A veces simplemente no se puede divulgar algo, sin antes realizar un debido proceso de investigación e información. La gente asume automáticamente que se está estableciendo carácter secreto sobre las cosas, cuando en realidad es todo lo contrario: se está reteniendo la información, para luego poder divulgarla de manera completa y pudiendo dar respuestas claras y completas.

En resumen, respecto a todo este tema de secretos en el Estado costarricense, yo concluyo:

1. El Estado debe trabajar bajo el principio de información abierta, pero tiene derecho y obligación de proteger con una condición de secreto las informaciones que claramente puedan poner en riesgo el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, si llegan a ser conocidas.
2. El Estado debe establecer claramente y por escrito qué limitaciones existen a lo anterior, y cuál información es de acceso restringido para los ciudadanos.
3. El mismo esquema de información abierta debe aplicarse en todas las instancias estatales, pero respetando un principio de discrecionalidad en el manejo de la información. Esto para garantizar que la información al público sea completa y equilibrada, y que se minimicen las malas interpretaciones o interpretaciones parciales de la misma.
4. Existe una confusión entre la gente en este tema de secretos de Estado. En realidad el tema que se quiere tratar no es el de secretos de Estado, el cual ya se expuso tiene fundamento y necesidad,  sino un tema paralelo y mucho más complejo, que tiene que ver con la discrecionalidad que deben tener los funcionarios públicos para divulgar información, y los límites de la misma.
5. Discresión no es lo mismo que secreto. Toda información pública debe manejarse con la debida discrecionalidad, lo cual no implica que sea secreta. Desafortunamente muchas veces los medios de comunicación dan a entender lo contrario, lo cual ha creado confusión entre la gente. Pero la realidad es que la discrecionalidad no solo es derecho del Estado, sino una obligación, para poder garantizar que los ciudadanos se informen correctamente y para proteger la reputación y derechos fundamentales de las partes aludidas por la información revelada.

Evidentemente, mi planteamiento lo hago desde una perspectiva idealista, exponiendo el tema como debería ser entendido. Está claro, sin embargo, que hay ramificaciones mucho mayores asociadas al mismo. No todos los funcionarios que alegan temas de discrecionalidad lo hacen con buenas intenciones, y evidentemente existen aquellos que buscan un régimen de secreto para la información con el fin de tener una ventaja injusta sobre los demás. Estas condiciones anómalas no se deben permitir, obviamente, y el mismo Estado debe garantizar que existan los mecanismos para detectar, denunciar y castigar este tipo de abusos.

Un régimen de secreto o discresión es absolutamente un tema de confianza entre ciudadanos y Estado, donde los ciudadanos ceden en su libertad de información a cambio de una protección contra un daño potencial que les generaría que otros, con no tan buenas intenciones, se informen. Ese régimen de confianza debe ser protegido contra abusos en todo momento, de lo contrario nos exponemos a caer en una anarquía de información, donde nadie puede confiar en nadie y todos están a merced de lo que pueda suceder con su información.

¿Debe el Estado costarricense tener secretos?

La recién sancionada Ley de Delitos Informáticos abrió el debate sobre si el Estado costarricense debe tener secretos, sobre si debemos abrir portillos para que entre la corrupción.

 Quienes están en contra de los secretos de Estado están motivados en tesis de gobierno muy limitado y transparencia absoluta, mientra quienes los defienden argumentan que sería imposible defender el territorio nacional de una agresión extranjera o sostener la institucionalidad en caso de intento de golpe de Estado sin la protección constitucional y penal de cierta información.

Objetivo:

Generar discusión ciudadana sobre la conveniencia o no de proteger información de política exterior y seguridad nacional, proponer nuevas leyes o compartir las vigentes en otras naciones.

Dinámica:

Se invita a leer las siguientes fuentes de información aunque no es requisito para participar:

Secreto gubernamental e información clasificada según Wikipedia.

Blog sobre la libertad de información y la nueva ley de delitos informáticos.

Constitución Política (recomendada lectura del artículo 30).

Código Penal (artículos 286 y 288)

Nueva ley de delitos informáticos (artículo 288).

La pregunta a responder es:

¿Debe el Estado costarricense tener secretos? 

E invitar a los lectores a leer las opiniones de la comunidad a esta dirección . http://ticoblogger.com/ts/secretodeestado/

Participantes:

Blogueros Nacionales: Sin importar la temática de su blog.

Si el bloguero tiene un blog de una temática incompatible sobre el “Tema Sugerido”, puede siempre participar enviando su artículo a nuestro correo info@ticoblogger.com, el cual será publicado directamente en este Blog/Portal creado para este tema.

Si el bloguero tiene tiene un blog de opinión debe incluirlo en su blog, artículo el cual también será incluido en este Blog/Portal, dirigiéndose todas las visitas a ese artículo, al blog del participante.

Tuiteros y lectores de blogs: Ticoblogger esta consciente que existe mucha opinión valiosa entre lectores en general y tuiteros, pero que no todos han dado el paso de crear un blog, por lo que están totalmente invitados a darnos su opinión sobre este importante tema, la cual será publicada en el Blog/Portal creado para que las personas se informen sobre qué piensan los ciudadanos sobre la ley.

Están todos invitados,

Más información a info@ticoblogger.com